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El Derecho a la Alimentación (DA) puede definirse como el derecho al acceso físico o económico, regular, permanente y libre, a una alimentación adecuada y suficiente tanto por su cantidad como por su calidad. No se trata del derecho a ser alimentado, sino a alimentarse con dignidad. Sin embargo, si por motivos ajenos a su voluntad las personas se ven privadas por completo del acceso a la alimentación, en el respeto del derecho a la vida los Estados tienen la obligación de proporcionarles alimentos suficientes para su supervivencia.

A nivel internacional, el derecho a la alimentación figura en distintos documentos e instrumentos jurídicos:

• Se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
• Se afirma en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966).
• En la Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), referente al derecho a la alimentación, se establecen tres tipos de obligaciones de los Estados Partes: respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación (lo que comprende las obligaciones de facilitar y de hacer efectivo este derecho).

En Centroamérica, Guatemala y Nicaragua reconocen el DA en su Constitución Política de la República.

Las Directrices voluntarias carecen de fuerza jurídica vinculante, pero se basan en el derecho internacional y proporcionan orientación para el cumplimiento de las obligaciones vigentes. Se dirigen a los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como a aquellos que aún deben ratificar el Pacto, pero también a los interesados directos que propugnan una aplicación más cabal del derecho a la alimentación en el ámbito nacional.

La finalidad de las Directrices voluntarias es proponer medidas concretas en diversos ámbitos, a fin de captar el carácter complejo del drama del hambre y crear condiciones favorables a largo plazo para garantizar la seguridad alimentaria nacional. Por otra parte, las Directrices proponen un enfoque basado en los derechos. Reafirman principios tales como la igualdad y la no discriminación, la participación y la colaboración activa, la rendición de cuentas y el estado de derecho, pero también la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las Directrices Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. Directrices sobre el derecho a la alimentación, que formulan recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar el derecho a la alimentación.