Se alienta a los Estados a promover gastos y programas sociales básicos, en particular los que afectan a los segmentos pobres y vulnerables de la sociedad, y a protegerlos de las reducciones presupuestarias, y a aumentar al mismo tiempo la calidad y eficacia de los gastos sociales. Los Estados deberían esforzarse para garantizar que los recortes presupuestarios no afecten negativamente al acceso a una alimentación adecuada de los sectores más pobres de la sociedad.
Según datos de la CEPAL (2007), para 2004 los países de Centroamérica destinaron en promedio un 11% de su Producto Interno Bruto (PIB) al Gasto Público Social (GPS), con un promedio de 4% destinado a educación y 3% a salud. El mayor GPS se hizo en Costa Rica y Panamá (ambos 18% del PIB). En el lado opuesto está República Dominicana y Guatemala, con 6% del PIB, seguidos de El Salvador (7%) y Nicaragua (9%). Es decir, salvo en el caso de Honduras, que destina 13% del PIB al gasto social, los países con mayor prevalencia de desnutrición tienen un menor GPS. |