Los Estados deberían adoptar medidas para fomentar un crecimiento sostenible con objeto de proporcionar oportunidades de empleo que permitan a los asalariados rurales y urbanos y sus familias obtener una remuneración suficiente para disfrutar de un nivel de vida adecuado, así como promover y proteger el empleo autónomo. En los Estados que hayan ratificado los instrumentos pertinentes, las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con las obligaciones que han contraído en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo y otros tratados, incluidas las convenciones de derechos humanos.
En Centroamérica, salvo Panamá, ningún país tiene un salario legal agrícola mayor que lo que le cuesta comprar, cada día, a una familia rural sus alimentos básicos. |
