Dos factores inciden en la posibilidad de que las familias vulnerables a la SAN puedan tener acceso económico a los alimentos: los ingresos familiares y el costo de la canasta básica de alimentos (CBA). El INCAP dispone de datos que compara, para cada país centroamericano, el costo promedio diario de la CBA con el salario mínimo legal agrícola por día, determinando un porcentaje de capacidad de compra de alimentos en el ámbito rural. Nicaragua tiene un poder adquisitivo del 34%, pues el salario mínimo legal agrícola es de 33 córdobas, y el costo promedio diario de la Canasta Básica de Alimentos es de casi 100 córdobas, para 52 productos y un hogar de seis miembros, resultando el valor más bajo de Centroamérica. Salvo Panamá, ningún país de la región tiene un salario legal agrícola mayor que lo que le cuesta comprar, cada día, a una familia rural sus alimentos básicos.

Además de ganar poco, y siempre menos que el valor de los alimentos, los hogares pobres dedican cerca del 80% del gasto mensual a adquirir lo que consumen. En términos más macroeconómicos, es necesario señalar que, según la CEPAL en su documento “Hambre y Desnutrición en los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe” (2005), Latinoamérica es la región más desigual del mundo, medido por el Coeficiente de Gini, y la inequitativa distribución del ingreso es reflejo de lo que ocurre con la muy desigual distribución de los activos (tierra, capital, educación y tecnología) y con las distintas oportunidades de acceso a ellos.

Algunas soluciones

El aumento de la producción de granos básicos en las familias participantes de los programas PESA puede traducirse también en un aumento de los ingresos al generar excedentes familiares para el mercado. Además, el acceso a los alimentos se aborda mediante la creación y fortalecimiento de diferentes instancias de financiamiento (grupos de capitalización, cajas rurales, cooperativas, bancos comunales, tiendas de consumo) que permiten dotar a las familias de recursos para el establecimiento de actividades generadoras de ingresos, agrícolas o no agrícolas, como artesanías de madera, bordados y tejidos, tejas y adobes, etc.

Logros principales

Los programas PESA han fomentado actividades generadoras de ingresos, creando en total 37 microempresas rurales (17 en Honduras, la mayoría con gestión femenina, 20 en Guatemala con grupos comunitarios), y han potenciado el ahorro, principalmente en Honduras y Nicaragua, con la creación de 224 Instancias Financieras en el primer caso y el acceso de 986 productores de los departamentos de Madriz, Estelí y las Segovias, en Nicaragua, a crédito a través de alianzas y contactos institucionales del PESA con entidades microfinancieras.

Impactos

Con las actividades generadoras de ingresos (microempresas) y potenciadoras del ahorro y crédito (instancias de financiación), se establecen procesos de asociatividad, se adquieren nuevos conceptos en gestión y finanzas, mejoran los ingresos familiares, pudiendo llegar incluso a un ahorro que luego se puede convertir en inversión, y, por último, se fortalece el empoderamiento de las mujeres (muchas de las microempresas son de gestión femenina) y de las comunidades en general, al mejorar la organización de los más pobres.

Perspectivas

La principal dificultad de cualquier nueva actividad productiva o financiera tiene que ver con su sostenibilidad. A través de la Fundación ETEA, en Córdoba, España (www.fundacionetea.org), se pretende realizar estudios más profundos, a partir del 2008, para evaluar estas actividades desde un punto de vista económico y social. Es una buena oportunidad para estrechar los lazos entre dos mundos demasiado distantes: los programas de campo y la Universidad.